Indert pagó 33 veces más del precio real por las tierras de San Agustín

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en ese entonces a cargo de Luis Ortigoza (PLRA), pagó el 27 de marzo de 2013 G. 46.884.846.163 por unas tierras ubicadas en Cordillera de unas 5.742 hectáreas.

El monto final por el cual acordaron la venta es de G. 60.294.298.050 y la suma entregada fue del 80%.

El valor fiscal de esas propiedades era de G. 1.817.971.200, pero el Indert las tasó a 60.294.298.050 y cerró el trato con ese monto, que representaba el precio de mercado, lo cual iba en contra de una resolución de la misma institución agraria.

Esto, según se puede apreciar en la acusación realizada el lunes por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que presentó acusación contra siete personas, entre ellas, Ortigoza y el diputado liberal Milciades Duré.

“El valor fiscal real de ambas propiedades (de San Agustín) totaliza la suma de G. 1.817.917.200 (…) También se demostrará que (Arnaldo) Jara, en representación de San Agustín, dejó sin efecto la Resolución número 1726/11, logrando evadir la obligación del vendedor de aceptar el precio del valor fiscal del inmueble. Por otro lado, el acta número 15/12 de la Junta Asesora y de Control de Gestiones del Indert comprobará que los imputados (Luis) Ortigoza, (Justo) Gamarra y (Milciades) Duré resolvieron por unanimidad adquirir las tierras ofertadas por la firma San Agustín SA, por un valor de G. 10.500.000 la hectárea”, dice parte de la acusación del Ministerio Público.

El cheque fue cobrado el mismo día de su emisión por Arnaldo Jara, contador del partido Unace y administrador judicial de las propiedades.

Esa transacción es considerada por varios sectores políticos como parte de una negociación entre el Unace y el partido de gobierno de ese entonces, el PLRA. El caso es que justo en esos momentos los liberales buscaban el apoyo del oviedismo al ex candidato presidencial Efraín Alegre.

Las tierras fueron ocupadas en 1999 por quienes luego convirtieron el sitio en un lugar de relajo. La propiedad fue objeto de expropiación, pero esto se anuló en el 2002 porque las tierras no estaban sujetas a la reforma agraria.

En diciembre de 2013, la propia Contraloría General de la República ratificó que las tierras no son aptas para la reforma agraria y en su mayor parte son usadas para olerías y la ganadería.

El fiscal interino del caso, René Fernández, sostuvo que “a través de los distintos actos de investigación que fueron realizados durante la etapa preparatoria el Ministerio Público ha concluido que existen elementos de convicción suficientes para la elevación de la causa a juicio oral y público, respecto a los hechos que se consideran penalmente relevantes”.

Agregó que se ha constatado, a través de las pericias e informes, que la mayor parte de las tierras no son aptas para el cultivo, ya que se encuentran en una zona destinada “a la recreación y el esparcimiento vacacional”. fuente uh

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Redacción

Redatores: Edgar Encisco y Oscar Lopez

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