Se puede anular la audiencia de la masacre de Curuguaty

A pesar de las innumerables arbitrariedades de la fiscalía en la audiencia preliminar de la masacre de Curuguaty, la jueza Yanine Ríos elevó el caso a juicio oral. En cambio, el senador Víctor Bogado tuvo otra suerte.

Tras la anulación de la audiencia preliminar que derivó a juicio oral al senador colorado Víctor Bogado por estafa y cobro indebido de honorarios por supuestos errores en el proceso, inmediatamente irrumpieron las comparaciones con la audiencia preliminar de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty.

En el caso de Bogado, el pasado lunes la tercera sala en lo penal –integrada por Emiliano Rolón, Mirtha González de Caballero y Carlos Ortiz– anuló la audiencia preliminar alegando defectos fundamentales del juez, entre las que Rolón mencionó una decisión basada en apreciaciones muy subjetivas y en segundo lugar porque no resolvió de inmediato la elevación a juicio y que esta decisión no admite tiempo, dijo el camarista, quien integra la terna de la que el Senado debe elegir al reemplazante de Víctor Núñez en la Corte Suprema de Justicia.

Discriminación

Consultado respecto a si la audiencia de la masacre de Curuguaty también podría ser anulada ante las innumerables irregularidades registradas, el abogado de los campesinos Guillermo Ferreiro dijo que los juzgados y la Corte establecieron hace tiempo que la elevación a juicio oral no puede ser apelada. En cambio, a partir de lo ocurrido con el proceso a Bogado otros casos deberían tener un tratamiento similar –de existir irregularidades–, pues de lo contrario se estaría incurriendo en una discriminación y se violaría el principio de igualdad ante la ley.

Así, recordó que todas las presentaciones que realizaron fueron rechazadas de forma inmediata sin siquiera remitir los pedidos al tribunal de apelación.

“Pero ahora, para el caso de Víctor Bogado se dan cuenta de que sí se puede anular había sido cuando hay violaciones graves. Mi postura personal es que no está mal lo que hicieron con Víctor Bogado, lo que está mal es la discriminación, que con otros casos, como el de Curuguaty por ejemplo, no ocurrió lo mismo”, dijo el abogado.

Ferreiro incluso fue sometido a un sumario junto con Vicente Morales, el otro abogado que ejerce la representación de los campesinos, por supuestas acciones dilatorias al haber recusado a la jueza Yanine Ríos y al fiscal Jalil Rachid por parcialidad manifiesta, además de haber denunciado durante todo el proceso los vicios de la audiencia, que fue llevada a cabo a pesar de existir una prejudicialidad pendiente de resolución referente a la titularidad de las tierras de Marina Cue.

Este aspecto hace al fondo de la cuestión, pues además de homicidio doloso en grado de tentativa acabada, sus defendidos están acusados por invasión de inmueble y asociación criminal, cargos que deberían quedar sin efecto en caso de que se llegue a determinar que las tierras son del Estado y que, por lo tanto, la demanda campesina era legítima. En este último caso, todo el procedimiento fiscal-policial que derivó en las muertes quedaría en entredicho.

La jueza además fue recusada por haber brindado una conferencia de prensa sobre el caso antes de dictar resolución y por haber preopinado, pues ante de finalizar la audiencia ya adelantó que la causa sería derivada a juicio oral.

Irregularidades

La defensa de los campesinos denuncia que los medios probatorios han sido descartados, añadidos u ocultados de acuerdo al libreto fiscal previamente elaborado. La primera es la desaparición y negación de que en la escena del crimen se hayan encontrado vainillas servidas de armas automáticas. Existiendo de por medio un vídeo en que se observa claramente al fiscal Rachid recibir los casquillos de las manos del exdiputado colorado Julio Colmán, el agente del Ministerio Público aún niega su existencia.

Asimismo, otra muestra de ocultamiento de pruebas es la desaparición de la filmación del helicóptero que sobrevolaba el lugar en el momento exacto del inicio del tiroteo. En una entrevista con radio Ñandutí realizada el 20 de junio de 2012, el comisario Roque Fleitas, al negar que se hayan efectuado disparos desde el helicóptero, aseguró que el momento de la masacre había sido filmado y que había “mucho material”.

La escopeta y una nota tardía

Además del ocultamiento de pruebas, se han plantado otras. Una de las supuestas evidencias para sostener los cargos de homicidio es una escopeta que fue encontrada en el patio de una iglesia el 25 de junio de 2012, perteneciente a un general retirado y que fue denunciada como robada 7 días después de la masacre. Según el propietario del arma, el 22 de junio desconocidos entraron a su casa en la colonia Gral. Artigas y robaron la mencionada escopeta. A pesar de no guardar relación con la causa, el fiscal Rachid incluyó el arma entre las evidencias para acusar a los campesinos.

Otra clara irregularidad fue la notificación para una pericia cuatro días después de que haya sido realizada. La diligencia tenía por objeto determinar la trayectoria y distancia de los impactos de armas de fuego. La nota, con fecha 16 de octubre de 2012, notifica a una audiencia “para el viernes 12 del mes de octubre del corriente año, a las 10 horas, a fin de que comparezcan los peritos designados ante esta Representación Pública, a los efectos de la aceptación del cargo”.

A esto se añade la presentación de pruebas con un sistema de código alfanumérico sin que la defensa sepa “si se trataba de fotografías o calefones”, ironiza Ferreiro. Por si esto no bastara, las 3 cajas iniciales en que estaban depositadas las pruebas se convirtieron posteriormente en 9 por supuestas “razones operativas”. De acuerdo a lo sostenido por los abogados defensores, con la multiplicación de las cajas se han plantado pruebas a las que la defensa no ha tenido acceso.

En resumidas cuentas, durante la audiencia se ha violado sistemáticamente el derecho a la defensa de los campesinos, siendo nulo todo lo que a partir de allí se resuelva. Además de ello, el fiscal Rachid ha activado de manera abierta a favor de la empresa Campos Morombí, propiedad de la amiga familia Riquelme, que hasta ahora explota de manera ilegal bienes que son propiedad del Estado paraguayo.

Fuente ea

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