El derecho a la vida sobre el de la huelga de hambre

El juez Rubén Ayala ordenó la atención médica a los cinco procesados que están en huelga por el caso de la masacre de Curuguaty, que alegan que son víctimas de una justicia parcialista. La defensa argumentó el derecho a la huelga para oponerse al suministro del suero fisiológico y la alimentación. Sin embargo, el magistrado hizo lugar al amparo del Ministerio de Justicia que fundó su petición en el artículo 4° de la Constitución Nacional, que habla del derecho a la vida; el 68°, que indica la responsabilidad del Estado, además de la Ley Penitenciaria que menciona que el interno está obligado a recibir asistencia médica para preservar su salud física y mental.
“En ese sentido, en virtud a que conforme a la prelación de leyes; en ningún momento una resolución administrativa puede estar por encima de lo que establece nuestra Carta Magna, ya que todo ciudadano de la República tiene derecho a ser asistido en su salud en los términos que ella establece. El Derecho a la salud, en este caso debe ser protegido no solo por las Autoridades Administrativas sino que también por las autoridades con poder jurisdiccional”, refiere la sentencia.
El Ministerio de Justicia, representado por la ministra Sheila R. Abed, bajo patrocinio de la directora general de Asesoría Jurídica, Carla Bacigalupo, presentó una acción de amparo en el marco de la causa que se investiga la masacre del 15 de junio de 2012 en Curuguaty, en la que se encuentran procesados Rubén Villalba, Adalberto Castro, Néstor Castro, Felipe Benítez Balmori y Arnaldo Quintana.

La acción fue fundamentada en los Arts. 4° y 68 de la Constitución Nacional así como en los Arts. 2°, 73 y 78 de la Ley 210/70 “Ley Penitenciaria”
Justicia pidió como medida de urgencia la atención médica del procesado Rubén Villalba, quien se encontraba en ese momento en un estado más delicado.

El juez de Garantías otorgó la medida de urgencia y dispuso la atención médica de Villalba. “Con esta medida, el interno –luego de un periodo de internación- logró una mejoría en su salud, produciéndose su alta médica y posterior traslado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú”, explicó la abogada Bacigalupo.

“Posteriormente, ante una solicitud de los cinco procesados, fundada en su estado de salud desmejorado, fueron trasladados nuevamente al Hospital Militar. Una vez internados, los cinco procesados así como sus abogados defensores, invocando el derecho a la huelga instaurada, se opusieron al suministro de suero fisiológico y alimentación parenteral, medidas recomendadas por una junta médica integrada por los doctores Osvaldo Benítez, director general de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia, y Zulma Basualdo y Carlos Jara Sánchez, médicos de la Corte Suprema de Justicia”, refirió la abogada.

Añadió que ante la negativa de recibir el tratamiento médico indicado, el Ministerio de Justicia presentó una ampliación de la medida de urgencia solicitada en el amparo constitucional, a fin de hacer extensiva la medida de atención médica urgente a los demás procesados.

Sin embargo, esta medida ya no fue objeto de pronunciamiento porque el 9 de abril pasado el magistrado dictó sentencia y dispuso que los procesados se realicen los tratamientos, diagnósticos médicos y reciban la atención médica debida.

“El Ministerio de Justicia ha instaurado la acción de amparo como órgano estatal encargado del cumplimiento de la pena y de velar por la salud e integridad física de los internos”, explicó la abogada.

Añadió: “Si bien ha respetado en todo momento el derecho a la huelga de los procesados, ha priorizado en todo momento el cuidado de su salud conforme a las obligaciones que por mandato legal le han sido atribuidas”. fuente abc

Publicado por

Redacción

Redatores: Edgar Encisco y Oscar Lopez

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