Fiscal rechaza medidas en el caso Curuguaty

El fiscal Jalil Rachid anunció que se opondrá a la concesión de medidas sustitutivas de prisión para los acusados por el caso Curuguaty, actualmente en huelga de hambre. El agente del Ministerio Público explicó que la legislación vigente no permite la concesión de medidas por crimen.

Rachid adelantó su postura ante la pretensión de la defensa de los acusados Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Néstor Castro. Todos se encuentran en huelga de hambre desde el 14 de febrero pasado.

La audiencia de revisión de medidas está prevista para mañana, ante el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá, presidido por Benito Ramón González.

La defensa adelantó que solicitará arresto domiciliario, tras hacer hincapié en el avanzado deterioro de su salud, a raíz de la medida de fuerza. Ofrece a más de veinte personas en carácter de fiadores, entre ellas la senadora Esperanza Martínez y la diputada Karina Rodríguez.

Rachid recordó que estas personas han sido acusadas por tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble. En consecuencia, la elevada expectativa de pena prevista hace que el caso sea calificado como crimen y, por lo tanto, no existe la posibilidad de que los procesados sean favorecidos con medidas sustitutivas de prisión, porque la ley no lo permite.

Asimismo, recordó que falta poco para el juicio oral y público, por lo que es preferible estar a las resultas de la audiencia oral. La fiscalía ofreció 120 testigos, informes periciales y documentales que avalan su acusación penal.

Además de los huelguistas, también están acusados por la masacre de junio del 2012, Luis Olmedo, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López; por invasión de inmueble, Alcides Ramírez y Juan Tillería; por invasión de inmueble y por frustración a la persecución y ejecución penal, Felipe Neri Urbina.

En ocasión de la audiencia preliminar, la jueza penal de garantías Janine Ríos otorgó el sobreseimiento definitivo a Juan Caballero, Trinidad Paredes y Miguel Correa, a pedido de la fiscalía.

La masacre ocurrió el 15 de junio del 2012 en Marina Cue, Curuguaty, donde murieron seis policías y once campesinos. La acusación fiscal enfatiza que los policías llegaron desarmados hasta la zona donde estaban los ocupantes de las tierras reivindicadas por la familia Riquelme, donde fueron emboscados por un grupo radicalizado, lo cual desató el enfrentamiento entre policías y campesinos, con el trágico desenlace referido. fuente abc

Publicado por

Redacción

Redatores: Edgar Encisco y Oscar Lopez

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