Afara convoca a contralor para que explique “blanqueo” a Enzo Cardozo

El vicepresidente de la República, Juan Afara, convocó ayer al contralor Rubén Velázquez para que explique por qué decidió contribuir al “blanqueo” del senador liberal Enzo Cardozo, y a minimizar la sobrefacturación de la compra de las tierras de San Agustín. Velázquez negó el “blanqueo” y se tiró nuevamente contra los fiscales, ahondando la crisis entre ambas instituciones.

Velázquez dijo que su visita a Afara fue de “cortesía”. Pero al ser consultado sobre los cuestionamientos que realiza la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía a los auditores de la Contraloría por blanquear a exautoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en la trasferencia de recursos, contestó que no “blanquean” a nadie.

Explicó que en el caso del MAG lo que se realizó fue un informe anual. “Nosotros hacemos nuestro informe de dictamen y presentamos cada 30 de agosto, pero es un examen financiero presupuestal y en base a eso remitimos un informe. Lo que no coincide nomás con lo que dice la Fiscalía es sobre el examen al rubro presupuestario de transferencias que se hicieron a diversos comités. La Contraloría hizo 14 muestras y que no fue un trabajo de auditoría específica sino fue presupuestal y financiero. Mal podría decir la gente de la Fiscalía que hubo algún tipo de apañamiento, porque como le digo, hay que saber un poco el proceso de control, de auditoría, para afirmar eso”, respondió.

Agregó que el control a la trasferencia no concluyó nada porque fue para ver si realmente fueron transferidos los rubros.

“Se vio que se hizo la operación y en el acta se puede ver que los que recibieron la herramienta no podían cuantificar cuántos artículos recibieron en realidad”, resaltó.

Según la Fiscalía, este dictamen de Contraloría favorece notablemente al senador Cardozo, hoy imputado en su carácter de entonces ministro de Agricultura de los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco por transferencia irregular de fondos públicos a comités de agricultores y organizaciones no gubernamentales. Por ese motivo, ahora la Fiscalía investiga a los auditores de la Contraloría.

Velázquez manifestó que la Fiscalía dice que la Contraloría hizo una sola muestra y en realidad fueron 14 las que se realizaron. “Ahora estamos trabajando en algo más específico y oportunamente la Contraloría va hacer saber”, dijo.

Rechaza imputación

“Los informes de Contraloría no son vinculantes, para comenzar. No tiene por qué imputar o investigar a un auditor. Sin embargo, de hecho, la Fiscalía puede hacer lo más conveniente para su trabajo, pero no entendemos la actitud porque los informes no son vinculantes”, reiteró.

¿Paso de factura?

La investigación que inició la Unidad de Delitos Económicos contra tres auditores de la Contraloría en principio surge sugestivamente luego de que la Cámara de Diputados solicitó que la Contraloría haga un examen de correspondencia a los componentes de la Unidad de Delitos Económicos, dijo Velázquez. “No quiero pensar que sea eso, pero a partir de eso se dieron estas situaciones contra los auditores”, dijo el funcionario.

Velázquez señaló además que está dispuesto a hablar con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, para subsanar este impasse entre ambas instituciones.

El contralor hizo referencia también a la compra de tierras de San Agustín, cuyos informes de la Contraloría también fueron objetados por la Fiscalía. “En el caso San Agustín en su momento se objetó un poco el precio de la compra de esas tierras. La Contraloría hizo un informe en el que concluía que los precios de venta del inmueble no estaban sobreevaluados en base a un muestreo”, explicó.

Interpelación a Cárdenas

La Cámara de Senadores estudiará hoy si aprueba el pedido de interpelación para el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Pastor Cárdenas, planteado por el Frente Guasu (FG). Esta bancada le cuestiona a Cárdenas el traslado de los carperos de Ñacunday de las tierras del Grupo Favero a Santa Lucía.

Otro de los puntos es la recuperación de tierras, que son de propiedad del grupo Favero así como el caso de Marina Cue (Curuguaty). El FG desea saber también qué hizo el Indert en el negocio de compra de tierras de la firma San Agustín, en Tobatí, en vísperas de las elecciones generales de abril de 2013, durante el Gobierno de Federico Franco. fuente abc

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